El Consejo de Administración del CB Gran Canaria se ha reunido este jueves y, entre otros temas, ha procedido a nombrar cuatro nuevos miembros del mismo.

Esta tarde se reunió el Consejo de Administración del C. B. Gran Canaria-Claret, S.A.D.U. para tratar diversos temas relacionados con la entidad.

En primer lugar, se aceptaron los cargos de los cuatro nuevos miembros propuestos para el Consejo de Administración. Rafael Cabral Betancor, empresario que aportará experiencia desde el aspecto de marketing y la empresa; Judith Vega Martínez, profesional especializada en recursos humanos y en el ámbito de los proyectos; Conrado Domínguez Trujillo, experto en gestión y gerente de la ULPGC, institución con la que se estrecha aún más el acuerdo de colaboración actual; y José Lasa Azpeitia, ex-jugador y abogado grancanario, con el que se recupera el talento canario, y pone a disposición del club su gran experiencia profesional otorgándole una visión internacional.

A continuación, se expuso la información del club desde el punto de vista organizativo y se desglosó un organigrama con la incorporación de varios expertos que van a ayudar en el día del club, en especial en el área de innovación y en los proyectos de la entidad, para generar una mayor funcionalidad.

También se abordó la parcela deportiva, destacando el trabajo que se está llevando a cabo desde las categorías de formación hasta el primer equipo. Labor que avaló el Consejo de Administración, reconociendo los buenos resultados cosechados recientemente, que exigen un mayor nivel de esfuerzo.

Otro aspecto que se trató fue la propuesta de un plan estratégico que marque los pasos a seguir de cara al futuro. Asimismo, se valoró como muy positiva la situación con los actuales patrocinadores y con otros nuevos con los que se está trabajando, que estarán ligados a los diferentes proyectos del club, en el ámbito social, de la salud y la educación, así como al proyecto Gran Canaria 21.

Por último, se procedió a la aprobación del protocolo de prevención de riesgos penales, que incluye un código ético y de conductas prohibidas, creando un canal público de comunicación y denuncias, que mejorará la transparencia en la actuación de la entidad y sus miembros.